Los ciudadanos consideran que la
clase política es la responsable de la grave situación de paro y corrupción que
estamos padeciendo, y porque corresponde a ellos invertir esa percepción, desde
el grupo de trabajo “Por una Renovación desde la Base” del PSOE de Talavera de la
Reina pedimos al Gobierno que convoque a
todos los grupos políticos con representación parlamentaria para que, aparcando
todos sus diferencias y sus intereses partidistas, se pongan de acuerdo y den
una respuesta conjunta, mediante un Pacto de Estado, a los tres problemas
fundamentales que más preocupan a los españoles: corrupción, paro y partidos
políticos.
Paralelamente a la burbuja inmobiliaria se fue desarrollando,
básicamente en los aledaños de las administraciones autonómicas y municipales,
una burbuja de corrupción que afecta por igual a políticos, empresarios, otras
instituciones del Estado y a otros ámbitos de la sociedad.
Pensamos que, hoy por hoy, ninguna fuerza política por sí misma es capaz
de solucionar los problemas que tiene nuestra sociedad. Sólo un acuerdo entre
todos, (políticos, agentes sociales, empresarios y entidades financieras), pues
la corrupción no es exclusiva de los políticos, pueden sacarnos de la situación
en la que estamos. No pueden continuar dando la impresión de que son
insensibles a los problemas reales de la sociedad. Los políticos tienen que ser
conscientes de que son ellos quienes
constituyen uno de los principales problemas que más preocupan a los ciudadanos.
Es verdad que la mayoría de los políticos son honestos. Pero también es verdad
que la continua aparición de casos de corrupción y la falta de contundencia a
la hora de atajarlos hace que los ciudadanos los cubran a todos bajo el mismo
manto de la corrupción generalizada. Todos hacen alardes de honestidad y
compromiso contra esa lacra, pero los hechos desmienten las palabras. Hay que
reforzar la democracia y regenerar la vida pública. Hace falta una Ley de
Transparencia que abarque todos los ámbitos de la vida pública y que no deje
ningún resquicio por donde pueda filtrarse la corrupción.
Si todos los políticos, sin excepción, quieren realmente salvar la
democracia y recuperar el prestigio que han perdido deben ponerse manos a la
obra y emprender un proceso de regeneración ética de la vida pública que
termine con esta lacra de la corrupción. Ya no es tiempo de promesas de leyes,
ni de palabras vacías que desmienten los hechos, sino de actuaciones
contundentes y ejemplares.
Por otra parte, la dramática realidad que está sufriendo este país, seis
millones de parados y más de once millones de personas que viven bajo el umbral
de la pobreza, constituye una situación de emergencia nacional que exige
también una rápida actuación del Gobierno que debe promover otro Pacto de
Estado y pedir la colaboración de todas las fuerzas políticas y sociales a fin
de consensuar un acuerdo que permita una rápida solución al problema del
desempleo, porque así lo exige la sociedad y porque el trabajo es un derecho
constitucional.
“Todos los españoles
tienen el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente
para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso
pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Art. 35. 1.
El modelo
productivo impulsado por Aznar y continuado por Zapatero, basado en la
financiación del Estado, las empresas y las familias en los mercado
financieros, ha fracasado. En el sector privado nadie va a
crear empleo mientras no haya demanda para sus productos. Si no hay
empleo no hay demanda y si no hay demanda no hay empleo. Por eso pensamos que
debe ser el Estado el que actúe directamente como agente dinamizador de la
economía, impulsando políticas activas de empleo. Para ello se puede y se debe
recaudar fondos mediante una verdadera política fiscal luchando decididamente
contra la economía sumergida, el fraude fiscal y la evasión de capitales. Se
puede y se debe crear un impuesto progresivo de solidaridad para crear empleo
que afecte sobre todo a las rentas más altas tanto las del trabajo como las del
capital, crear así empleo social y recuperar aquellos impuestos de trabajo que
se han suprimidos en las diferentes administraciones. Esto es posible.
Primero, porque lo ampara la
Constitución.
Todos debemos contribuir para sostener los
gastos públicos.
“Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que,
en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” Art.31. 1´
Toda la riqueza está supeditada al bien común.
“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual
sea su titularidad está subordinada al interés general.” Art.128. 1
Porque corresponde al Estado hacerlo.
“El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad
económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la
renta y de la riqueza y de su más justa distribución.”Art.131. 1
Segundo, porque es el
único modelo económico que ha demostrado, en la práctica, su capacidad para
generar el crecimiento económico y la cohesión social necesarios para
garantizar el orden democrático y el buen funcionamiento de la sociedad.
Tercero, porque mientras
no se recupere la idea del Estado como instrumento dinamizador de la economía y
como agente redistribuidor de la riqueza, y sigamos creyendo en el dogma de la
eficiencia de los mercados como única solución no saldremos nunca de la
situación en la que nos encontramos.
Cuarto, porque es la única forma posible de transferir
dinero a la sociedad, activar el consumo y facilitar de nuevo la actividad empresarial.
Pensamos que ese esfuerzo fiscal de los que
más tienen y una lucha decidida contra el fraude permitiría al Estado,
como agente redistribuidor de la
riqueza, recaudar lo suficiente para realizar políticas activas de empleo que
permitirían generar empleos sociales y recuperar los empleos destruidos en las
diferentes administraciones: investigación, sanidad, educación y servicios
sociales.
Por eso instamos al gobierno, porque así lo exige la justicia, que
convoque a todos los grupos políticos, a los agentes sociales, y a los sectores
económicos y financieros para pactar entre todos, antes de que sea tarde, una
salida al problema insostenible del desempleo.
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